¿Es hora de implementar la educación sexual?

La educación sexual en los colegios ha sido un asunto de bastante discusión política y social debido a la dificultad para abordar un contenido delicado y vitalno bien, debe ser de diametral importancia para el cuidado de la juventud en su desarrollo emocional y físico, debido a las perniciosas consecuencias para los menores al no asumir instruidamente al resolver tener relaciones sexuales.

El gobierno debe decididamente tener una postura clara y madura acorde al estilo de vida actual, de modo que los jóvenes tomen una decisión informada que incida positivamente al momento de determinar desarrollar conductas naturales y propias de la adolescencia en términos sexuales.

Por regla general en los colegios no se educa sobre un asunto tan fundamental como lo es la educación sexual, por ende, es importante considerar estos antecedentes para reevaluar la situación, puesto que debe ser un hecho de preocupación y de observación pública, debiendo ser catalogado como prioridad en el país, ya que la educación sexual cumple un rol de gran importancia para facilitar y mejorar las condiciones de vida de las personas, formando a seres humanos responsables, autónomos, respetando la igualdad de géneros, aprendiendo a valorarse según su salud integral.

De allí la importancia de que se enseñen programas de educación sexual en los colegios del país, debido a que el hecho de trabajar ese aspecto con los escolares, es de gran utilidad tanto individual como social, ya que de esta manera se colabora con proteger a los jóvenes que muchas veces inician su vida sexual en forma prematura, y que con frecuencia, por inmadurez o desinformación viven situaciones que no hubiesen elegido informadamente.

Como señalamos más arriba, abordar la educación sexual en los colegios es un ámbito de fuerte confrontación ideológica, existiendo serias dificultades respecto a la noción de sexualidad tanto en un plano teórico como práctico. Estas dificultades no sólo se registran al interior de los campos académicos, sino en las fuertes resonancias públicas que significan la generación de conocimiento y sus potenciales usos sociales y políticos sobre este campo.

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prescribe que “toda persona tiene derecho a la educación y tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, para lo cual los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

El desarrollo de la personalidad humana comienza desde que las personas comienzan su vida, dándose origen, entonces, a su identidad. El desarrollo de la personalidad no se detiene con la llegada el mundo adulto, pues abarca el ciclo de vida completo de cada persona. Resulta claro que se habla aquí del derecho a la educación permanente, del cual es sujeto todo ser humano a lo largo de su vida.

A los padres les corresponde el deber de educar, con especial responsabilidad en su primera formación y socialización, la que debe continuarse en los colegios. El Estado tiene el deber de fomentar y crear todas las condiciones para que se haga realidad la educación sexual y a los profesores les corresponde la tarea de perfeccionarse para contribuir a una educación de calidad para los estudiantes.

Discusión parlamentaria para poder hacer indicación ampliaciones o modificación a la normativa legal actual.

Los decretos supremos y las resoluciones se presentan como tipos de normas o actos administrativos, siendo que solo constituyen la forma que adopta la expresión de voluntad de determinadas autoridades en el ámbito jurídico para ejercer sus competencias, lo cual es independiente al contenido del mismo. Así, es perfectamente posible que un decreto supremo o una resolución contengan normas o actos administrativos del más diverso carácter: nombramiento de funcionarios, aplicación de medidas disciplinarias, entre otras.

Así las cosas, el artículo 35 de la Constitución daría cuenta de lo señalado al establecer una de las formalidades que debe cumplir un decreto supremo y la posibilidad de que estos puedan ser objeto de delegación de firma, de forma que este artículo señala que «Los reglamentos y decretos del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito».

Así las cosas, podríamos decir que un acto administrativo no puede regular un asunto que está dirigido a que sea normado por ley, de modo que la elección democrática otorgaría poder a comunidad escolar para decidir sobre un programa pedagógico, sin embargo se la plantea como una opción entre enfoques, lo que pondría en el centro las concepciones de la sexualidad más que la comprensión de los propósitos y objetivos de la educación sexual y de los modelos pedagógicos.

Cuando el Mineduc produce una oferta que pone en el centro un estatuto ideológico, y lo hace en torno a una distinción antropológica de tipo confesional (cristiano o laico), pone en el centro de la decisión un asunto moral, y forzaría a las escuelas a hacerla sobre la base de máximos morales, a homogeneizarse internamente, y con ello, a cerrarse sobre sí mismas.

Así también, la elección propuesta por la nueva política de fondo, retomaría una falsa dicotomía que pretende enfrentar a la familia con el Estado, que reclamaría para sí el derecho de primera educadora. En nombre de la familia, las instituciones conservadoras buscan frenar al Estado; esto, como parte de un conflicto estructural entre los fundamentos de un Estado laico y las orientaciones normativas familiares en una sociedad de matriz cultural católica.

La verdad es que ni el Estado carece de principios, ni los padres y madres pueden ser concebidos como estructuralmente conservadores en materia de valores sexuales.

Por. Rafael Zúñiga
Abogado Administrativo/Civil

Revisado Por. Rodrigo Logan
Abogado Corporativo/Gerente Legal

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