Lucro en la educación, ¿quién gana? ¿quién pierde?

El debate respecto a si permitir o no el lucro en educación tiene diferentes aristas. En un plano más general, esta discusión se refiere al rol del mercado y la democracia en una sociedad, y a los límites que se ponen el uno al otro.

En un plano estrictamente educacional, este debate dice relación con la capacidad efectiva de los mecanismos de mercado para asegurar ciertos estándares de calidad educativa y, aunque en esto se ponga menos énfasis, respecto al potencial impacto de las dinámicas de mercado en la formación integral de los estudiantes. El mercado no es sólo una forma de distribuir recursos; al igual que otras instituciones económicas, su carácter también afecta los valores, las preferencias y personalidades de los individuos.

El 27 de marzo el Tribunal Constitucional comunicó que declaraba inconstitucional el artículo 63 del proyecto de ley sobre reforma a la educación, que prohíbe que personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro puedan ser controladores de instituciones de educación superior. Tras el examen preventivo de constitucionalidad, «por mayoría de votos», el pleno de la instancia acordó «declarar la inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto, y del artículo 18 transitorio en relación al mismo, referidos al estatuto jurídico de los controladores de universidades».

El fin al lucro en las universidades fue uno de los grandes movimientos de carácter estudiantil. Y ahora, en el contexto de lo antes descrito sobre el proyecto de ley que consiste en definitiva, que este proyecto de ley establece la creación de una Subsecretaría de Educación Superior, que velará por la coordinación del sistema, una Superintendencia de Educación, que fiscalizará el cumplimiento de la normativa de educación superior y el fin efectivo del lucro, y se establece la acreditación institucional obligatoria para las instituciones.

También consagra el financiamiento institucional de la Gratuidad y define un mecanismo para avanzar gradualmente en su cobertura y establece por ley un fondo basal para las universidades tradicionales no estatales, como complemento al Convenio Marco destinado a las universidades estatales, y que se regula en el proyecto de ley sobre universidades estatales. En consecuencia, ¿en qué consiste el nuevo proyecto de ley en síntesis?

Una nueva Superintendencia

La reforma impulsada por el Gobierno contempla la creación de una Superintendencia de Educación Superior, la que estará encargada fiscalizar y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la educación (entre ellas, la prohibición de lucrar).

Y para esto contará con una enorme cantidad de facultades. Entre ellas:

– Ordenar y realizar auditorias en materias de su competencia.
– Ingresar a las instituciones de educación superior y dependencias de sus organizadores con el propósito de realizar las funciones que le son propias, eso sí, sin impedir el desarrollo de las actividades de estas.
– Acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización
– Citar a declarar a los miembros, asociados o socios, propietarios, representantes legales, quienes ejerzan funciones directivas, cualquiera sea su denominación, o dependientes de las instituciones fiscalizadas o de quienes ejerzan dichos cargos en instituciones relacionadas con ellas, respecto de cualquier hecho cuyo esclarecimiento estime necesario.
– Recibir y resolver reclamos y actuar, cuando corresponda, como mediador respecto de ellos.
– Formular cargos, adoptar medidas provisionales y resolver los procesos que se sigan respecto de infracciones en materias de su competencia.
– Imponer sanciones que pueden llegar hasta los $453 millones de pesos ante incumplimientos graves.
– Designar un administrador provisional o nombrar un administrador de cierre para las instituciones que lo ameriten. Este corresponde a un administrador nombrado por el Mineduc para hacerse cargo de una institución de educación superior que esté atravesando por una crisis financiera, administrativa o académica.

Una nueva Subsecretaría

El proyecto también considera la creación de una Subsecretaría de Educación Superior. Aunque no estará ligada con la prevención del lucro en las instituciones de educación superior, esta deberá, entre otras funciones, administrar el procedimiento de reconocimiento oficial y revocación cuando sea necesario, proponer el marco nacional de cualificaciones al Ministro de Educación, desarrollar políticas y programas dirigidos al fomento y acompañamiento de las instituciones de educación superior estatales, elaborar y ejecutar la política nacional de admisión e inclusión para la educación superior, entre otras cosas.

II.Lucro en la educación

Ahora bien teniendo en cuenta el teatro normativo que se viene al ámbito de la educación superior en Chile, es menester volver a la pregunta que inicio el presente informativo:

El diccionario de la real academia española, entiende lucro de la siguiente manera:

Ganancia o provecho que se saca de algo.

¿Cuál es el problema del lucro en la educación y la responsabilidad del Estado al no amparar los derechos de los chilenos?

A propósito de lo antes refrendado, el tema del lucro salió a la palestra, porque al realizar investigaciones a las universidades, se puedo verificar que lucraban con la educación, es decir, generaban una ganancia o un provecho de los dineros que cada alumno pagaba por concepto de arancel anual. Con esto, se pudo detectar negocios inmobiliarios, en donde invertían esos recursos, teniendo en cuenta que nuestra legislación en esta materia, prohíbe cualquier clase de ganancia que venga de la actividad académica, es más, obliga a las instituciones universitarias a reinvertir esos dineros en calidad académica y en infraestructura.

En el mismo orden de ideas, a pesar de que existía o bien aún existe un aprovechamiento de parte de estas entidades universitarias chilenas, y que por cierto, existe una limitación normativa por el lucro. El estado en ese entendido no ha generado la instancia para sancionar dichas prácticas. Esto se fundamenta en que la Constitución Política de la República de Chile articulo 19 N°10 y la ley N°20.370 General de Educación, establece en el artículo 3, obliga al estado de Chile a proteger y amparar estos derechos a todos los ciudadanos de nuestro país
Es más, nuestra Constitución Política de La República de Chile, en su artículo 19 n°10 señala lo siguiente apropósito del carácter constitucional que tiene el derecho a la educación:

El derecho a la educación.

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.
Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

Para el Estado es obligatorio promover la educación parvulario, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación medio este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación;
Y además, la ley Nº20.370 General de Educación, establece en el artículo 3° “El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza”.

Por su parte el artículo 4º de la citada norma legal establece que La educación es un derecho de todas las personas.
Por lo anterior al Estado de Chile le cabe Responsabilidad por Falta de Servicio, atendido a que no ha hecho nada pudiendo hacerlo, solo ha tenido una participación en calidad de cómplice de esta vulneración de derechos fundamentales y leyes. Es más el siguiente artículo de nuestra carta fundamental señala lo siguiente:

El artículo 38 inciso 2º de la Constitución Política de la República señala: “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”. Lo expuesto por la transcrita disposición constitucional, se ve confirmada por lo señalado en el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Por. Juan Pablo Salazar
Abogado Administrativo/Penal

Revisado Por. Rodrigo Logan
Abogado Corporativo/Gerente Legal

Abrir chat

Le devolvemos la llamada

*Ingrese su numero real, para así poder contactarnos con usted