Premios por gestión a la fiscalía ¿incentivo justo o bonificación maquiavélica?

¿ES FACTIBLE Y PRODUCTIVO, DAR INCENTIVOS ECONÓMICOS A LOS FISCALES PARA LA
TRAMITACIÓN RÁPIDA DE CAUSAS?

¿SE DISMINUYE DE ESTA FORMA LA DELINCUENCIA?

¿INCENTIVOS ECONÓMICOS EN BÚSQUEDA DE LA JUSTICIA?

Sabemos que por mandato constitucional es el ministerio público, conforme a lo que señala el Artículo 83, el órgano autónomo quien dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley.

De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales. Es este organismo el cual puede impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación.

Lo anterior dice relación con el principio de objetividad de los Fiscales. El Fiscal tiene que propender a conseguir no solo los elementos de cargo contra un imputado, sino también los elementos de eventual descargo que pudieran existir, a partir de los actos de investigación que disponga realizar. Ello implica igualmente, que la decisión que tome el Fiscal al término de las investigaciones preliminares o de la Investigación Preparatoria, tiene que corresponder objetivamente a dichos elementos probatorios, indicios y evidencias, que sustenten o que enerven los cargos imputados. El Fiscal no puede pues, tomar una decisión arbitraria, su criterio discrecional debe reflejar el resultado de las investigaciones, ya sea que estos abonen a favor de la hipótesis incriminatoria del imputado o en contra de la misma.

El Principio de Objetividad, en tal sentido, se encuentra profundamente ligado y se explica en razón a su relación y correspondencia, con los otros Principios que rigen la labor fiscal, tales como el Principio de Legalidad, de Razonabilidad, de interdicción de la arbitrariedad y del Debido Proceso. Ello, obliga, a que para cumplir con la función que le ha sido conferida, como titular de la acción penal y director del proceso de investigación, el Fiscal deba realizar todas las diligencias necesarias para determinar plenamente los hechos y la responsabilidad o no del
imputado.

¿SON EFECTIVOS LOS INCENTIVOS MONETARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES
DE LOS FISCALES?

Hay ciertas medidas de carácter monetario para incentivar la labor de diferentes organismos público, por ejemplo: Los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Este programa tienen su origen en la Ley N°19.553 de 1998, y asocian el cumplimiento de objetivos de gestión a un incentivo de carácter monetario para los funcionarios; medida que hacen peligrar la objetividad de los fiscales al tenor de los principios que dispone la legislación, precisamente el
de probidad.

A lo anterior, si bien es cierto que estos PMG son una medida eficaz para reducir el número de causas penales que ingresan al sistema penal, ya que permiten mediante el incentivo monetario darles una tramitación rápida, y ponerles término mediante salidas alternativas, como lo son: una Suspensión Condicional del procedimiento, un acuerdo reparatorio, entre otras.

Esta solución rápida que pone término a la causa, les permite a los fiscales lograr las metas pactadas y obtener un beneficio monetario por cumplimiento de metas.

Lo señalado es un arma de doble filo, ya que si bien es cierto que por una parte se pone termino a causas mediante una opción rápida y permitida por ley, como son las salidas alternativas, permitiendo la liberación del aparato judicial en el número excesivo de causas; pero por otro lado, perjudica gravemente otras funciones distinta a determinar solamente los hechos constitutivos de delito y establecer las personas punibles; estas son “determinar la
inocencia del imputado” o bien “proteger a las víctimas y testigos”. Por estas dos funciones complementarias a la determinación de responsabilidades penales, no existe para la fiscalía un PMG, por lo tanto, solo existe un incentivo económico (PMG) ante posible sanción, como son salidas alternativas o condenas, de tal manera que el sistema penal se transforma en prohibitivo reactivo, lo cual se contradice con lo que pretende el legislador, en que exista un
sistema penal reactivo como preventivo, por lo tanto, se encuentra gravemente afectado uno de los elementos del Ius Puniendi.

Por. Cristian Rodríguez
Abogado Corporativo/Penal

Revisado Por. Rodrigo Logan
Abogado Corporativo/Gerente Legal

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