Abogados Tramitación Electronica

Tramitación Electrónica

El 18 de diciembre del pasado año se promulgó la Ley 20.886, “que modifica el Código de Procedimiento Civil, para establecer la “tramitación electrónica digital de los procedimientos judiciales”, y que tiene como finalidad, tal como se señala en el mensaje del proyecto original, agilizar los procesos, abaratar costos de litigación, establecer una litigación responsable por parte de los abogados y generar una mayor cercanía de los justiciables con nuestro arcaico sistema de justicia civil.

Esta Ley, tiene su raigambre más fuerte en el llamado principio de “Equivalencia funcional del soporte electrónico” a través del cual se pretende dar el mismo valor probatorio a los datos y firmas electrónicas, que los que le ley consagra para los instrumentos escritos, para lo cual realiza una serie de modificaciones al Código de Procedimiento Civil, toda vez que, viene a establecer un nuevo proceso de tramitación ante los tribunales de justicia –ordinarios y especiales- con excepción de las causas que conozcan los Tribunales Militares en tiempos de paz.

Este nuevo proceso de tramitación electrónica, establece la obligatoriedad en cuanto al uso, conservación y respaldo del uso informático por parte de los jueces, auxiliares de la administración de justicia y funcionarios de cada tribunal, lo que modifica el funcionamiento interno de los tribunales.

Así, en su artículo 5 señala que el ingreso de las demandas y de todos los escritos se hará por vía electrónica a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial y que para los efectos de que los abogados o habilitados en derecho podamos acceder a este nuevo sistema, debemos estar registrados  en los términos que regula el acta N°54-2014 autoacordado, de la Corte Suprema. Si se observa detenidamente la norma, y ateniéndose a su tenor literal, es posible señalar que este nueva modalidad exige un nuevo requisito, el de ser abogado o habilitado en derecho, estableciendo de manera clara una limitante en cuanto a lo que pretende mejorar la dictación de esta ley, es decir, el acceso a la justicia.

Aun cuando la Ley presenta sus peros, cabe recordar que esto es solo la puerta de entrada a lo que se pretende en un futuro, la agilización del  proceso y la disminución de costos del mismo. En este sentido, para los que sí viene a presentar una herramienta eficaz, es para quienes se dedican a la rama de la judicatura.

Ahora bien, en cuanto a las principales modificaciones que se realizan al Código de Procedimiento CivilEnlace añadido por la extensión vLex –en adelante CPC- es posible mencionar que en su artículo 50 señala que las notificaciones de las resoluciones que no tengan que realizarse por cédula como lo son las sentencias definitivas, resoluciones en que se reciba la causa a prueba o se ordene la comparecencia personal de las partes, estas se entenderán notificadas a las partes desde que se incluya en un estado que deberá formarse electrónicamente.

De la misma manera, en el artículo 60 del CPC se agrega un nuevo inciso, estableciendo que “en los casos de contarse con los recursos técnicos necesarios, podrán registrarse las audiencias en que participe el tribunal mediante audio digital, video u otro soporte tecnológico equivalente, el que se agregará a la carpeta electrónica inmediatamente”, lo que viene a reafirmar uno de los principios fundamentales del derecho, “La seguridad jurídica”.

También, en el artículo 197 del mismo cuerpo normativo, se señala que la notificación de la resolución que conceda una apelación se hará en los mismos términos que establece el artículo 50 y resolución apelada se remitirá al tribunal de alzada vía electrónica, lo que confirma, una vez más uno de los fines últimos que pretende la promulgación de esta ley, esta es, la agilización del proceso.

En el mismo sentido, el artículo 217 del CPC señala que el plazo de cinco días para adherirse a una apelación en segunda instancia se contabilizará de la forma que  establece el artículo 200, es decir, desde que el tribunal de alzada certifica en la carpeta electrónica la recepción de la comunicación.

En lo que respecta a la audiencia de percepción documental, esta Ley establece una importante mejora, puesto que agrega al artículo 348 bis, un nuevo inciso final el cual dispone que “en el caso que los documentos electrónicos acompañados puedan ser percibidos directamente en la carpeta electrónica, el tribunal podrá omitir la citación a la audiencia de percepción…”.

Por otra parte, es menester señalar que, la aplicación de las disposiciones de la Ley en comento solo serán aplicables a las causas iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia. Así, en el artículo segundo de las disposiciones transitorias, se señala que las causas se entenderán iniciadas desde la fecha de presentación de la demanda o medida prejudicial, según corresponda.

La promulgación de esta Ley permitirá, como ya se señaló en su oportunidad, un importante avance en cuanto al acceso a la justicia por medio de la incorporación de tecnología electrónica, estableciéndolo como un método de optimización de los recursos judiciales, lo cual permite una mayor eficacia tanto a nivel interno de los tribunales y de la administración de justicia que llevan a cabo, como para los abogados y los habilitados en derecho. Sin embargo, hay que poner especial ahínco en la importante barrera que esta ley impone al resto de la ciudadanía, ya que hay que recordar que uno de los fines últimos de esta ley es mejorar el acceso a la justicia.

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Por. Camila Herrera

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